ANA CARLOS
salamanca
La gestión del agua (tanto potable como residual) y de los residuos
sólidos urbanos, de competencia municipal, centró la actividad de la
Escuela de Alcaldes que ofreció a los responsables municipales de la
provincia la oportunidad de ponerse al día y resolver las dudas sobre
estas materias que les pueden surgir en su quehacer diario. La iniciativa
de la Diputación de Salamanca (que ha contado con un presupuesto de 51.000
euros y la colaboración de la Fundación Tormes-EB), ha conseguido la
participación de algo más del 30 por ciento de los alcaldes de la
provincia. El objetivo de las sesiones, que constaban de dos charlas y una
visita al CTR de Gomecello, era informar a los alcaldes de los principios
y obligaciones que tienen los municipios en el ámbito de gestión
ambiental, tal y como articula la nueva ley, así como concienciarles de la
necesidad de reducir, reciclar y revalorizar los residuos.
Escombros
Para organizar la Escuela de Alcaldes se dividió la provincia en un
total de siete zonas para que los representantes de cada compartieran sus
experiencias y pudieran resolver juntos los problemas que tienen en común
y que son diferentes a los de otros puntos municipios más lejanos. Rebeca
Martín Castilla, técnico de la Fundación Tormes-EB, destaca que muchas de
las cuestiones que plantearon se referían a las competencias de las
distintas administraciones.
Entre las dudas más frecuentes de los alcaldes destaca qué hacer con los
escombros de las obras menores. La legislación establece que su gestión es
competencia municipal y que hay que tratarlos y revalorizarlos, algo que
todavía no es posible porque todavía se está tramitando la incorporación
de tres gestores. Por lo tanto, de momento existe un vacío que se
resolverá "en breve", según Martín. El mantenimiento de las depuradoras es
otra asignatura pendiente. Su construcción precisa grandes inversiones de
administraciones como la Junta y la Diputación. Sin embargo, después de
hechas su consumo eléctrico y otros gastos de mantenimiento superan la
capacidad de los Ayuntamientos que tienen que buscar fondos y a los que se
les recomienda mancomunarse para ello.